Análisis Exhaustivo del Marco Regulatorio Venezolano (AVSEC): Control de Acceso a Zonas Restringidas de Seguridad (ZRS), Régimen de Credenciales y el Impacto de la Tecnología Biometrica (RAV 107)

I. Fundamentos Constitucionales y Jerarquía Normativa en la Aviación Civil Venezolana

I.A. El Rol Soberano del Estado Venezolano en la Regulación Aeronáutica

La seguridad de la aviación civil (AVSEC) en la República Bolivariana de Venezuela se sustenta en un marco legal robusto, estructurado para garantizar la protección contra actos de interferencia ilícita, en estricta observancia de los compromisos internacionales adquiridos por la nación.

La aviación civil es considerada una actividad de interés público y soberanía nacional, lo cual otorga al Estado la potestad de regularla de manera exhaustiva. El orden preferente para la aplicación e interpretación de las normas que rigen esta materia se establece claramente en el ordenamiento jurídico venezolano.[1] En primer lugar, se encuentran los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, que garantizan la armonización con estándares globales, siendo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la principal referencia, particularmente su Anexo 17 (Seguridad).[1]

En segundo lugar, se aplica el Decreto-Ley de Aeronáutica Civil (LAC), sus reglamentos y las demás normas de desarrollo que dicte el Poder Nacional.[1] Este principio de prelación legal es fundamental, pues asegura que la normativa técnica y administrativa específica, como la Regulación Aeronáutica Venezolana (RAV 107), está obligada a mantener la coherencia con los *Standards and Recommended Practices* (SARPS) de la OACI.[1, 2] Finalmente, se aplican otras leyes especializadas y los principios generales del Derecho Aeronáutico y la analogía. La observancia de este orden de aplicación es crucial para mantener la validez jurídica de cualquier medida de seguridad implementada en los aeródromos y aeropuertos nacionales.

I.B. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) como Autoridad Regulatoria y Ejecutora

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es la entidad que ostenta la Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente del INAC está a cargo de la regulación, planificación, promoción, desarrollo, protección y vigilancia de la aviación civil en todos los espacios geográficos, de conformidad con la LAC y las directrices ministeriales pertinentes.[1]

Las amplias atribuciones del INAC incluyen la potestad de aprobar normas técnicas, como son las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAVs), que desarrollan preceptos de la LAC.[1] La RAV 107, titulada "Seguridad de la Aviación Civil en los Aeródromos y Aeropuertos," es la providencia administrativa central que establece los requisitos de seguridad, incluyendo la certificación y operación de empresas de seguridad y la seguridad en aeródromos.[2, 3] Esta concentración de funciones —regulación, protección y vigilancia— en una única autoridad significa que el cumplimiento de las RAVs no es una mera obligación administrativa, sino un requisito legal de alto impacto, ya que el INAC posee la facultad de imponer sanciones severas, incluyendo la revocatoria de habilitaciones administrativas y concesiones, lo que impacta directamente en la continuidad operacional de los explotadores.[1]

I.C. El Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC)

El marco estratégico para la aplicación de la RAV 107 es el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), el cual establece las directrices para evitar actos de interferencia ilícita.[4] La legislación venezolana define el acto de interferencia ilícita de manera amplia, incluyendo, pero sin limitarse a, el apoderamiento ilícito de aeronaves, la destrucción de una aeronave en servicio, la toma de rehenes en aeronaves o aeródromos, y, crucialmente para el control de acceso, la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave o en el recinto de una instalación aeronáutica.[5]

La intrusión forzada o la introducción de artefactos peligrosos con fines criminales son elementos que el PNSAC busca mitigar mediante el establecimiento de controles rigurosos.[5] Por lo tanto, el estricto cumplimiento de los procedimientos de control de acceso detallados en la RAV 107 es la medida preventiva directa y legalmente obligatoria contra la materialización de los actos de interferencia ilícita tipificados en el PNSAC.[4] Cualquier deficiencia en el control de acceso se traduce inmediatamente en un incumplimiento de la RAV 107 y, consecuentemente, en una vulneración de las políticas de seguridad nacional establecidas en el PNSAC.

II. Estructura Regulatoria de la Seguridad Aeroportuaria (RAV 107)

La RAV 107 establece un sistema de seguridad basado en la delimitación de riesgos y la asignación específica de responsabilidades a los actores involucrados.

II.A. Delimitación y Clasificación de Zonas de Seguridad

El concepto medular del control de acceso es la Zona de Seguridad Restringida (ZRS). El PNSAC y la RAV 107 definen la ZRS como áreas de la parte aeronáutica de un aeródromo o aeropuerto identificadas como zonas de riesgo prioritario. En estas zonas, no solo se controla el acceso, sino que se aplican controles de seguridad adicionales.[4]

Estas áreas críticas típicamente incluyen, entre otras, todas las zonas de salida de pasajeros ubicadas entre el punto de inspección y la aeronave, la plataforma (rampa), y los locales de preparación de embarque de equipaje.[4] La designación de estas áreas como riesgo prioritario justifica legalmente la aplicación de medidas de seguridad que, por su naturaleza, son invasivas, como la inspección obligatoria de personas, equipajes y vehículos. Esta diferenciación de zonas permite enfocar los recursos de seguridad de manera eficiente y legalmente justificada en las áreas donde el riesgo de un acto de interferencia ilícita es máximo.

II.B. Responsabilidades Compartidas en Materia de Seguridad (AVSEC)

La RAV 107 establece una arquitectura de responsabilidad compartida entre los explotadores de aeródromos y los explotadores de aeronaves, creando un sistema de defensa en capas.

El Explotador de Aeródromo o Aeropuerto tiene la obligación de establecer y garantizar un ambiente seguro en el que los explotadores de aeronaves puedan operar.[6] Esto implica la responsabilidad primaria por la infraestructura física, los sistemas de control de acceso perimetral y los procedimientos documentados contenidos en su Programa de Servicios de Seguridad (PSS).[2]

Por otro lado, el Explotador de Aeronaves mantiene la responsabilidad directa por la protección de sus aeronaves mientras están en servicio. Esto incluye la obligación de aplicar un control del acceso e inspección de personas y objetos que ingresen a las aeronaves, además de establecer medidas de seguridad adecuadas mientras las aeronaves se encuentren estacionadas fuera de servicio o en mantenimiento.[6]

Esta duplicidad de responsabilidad asegura una doble línea de defensa: el explotador del aeropuerto gestiona la seguridad de la infraestructura y el perímetro de la ZRS, mientras que el explotador de la aeronave actúa como la última línea de defensa activa en el punto de embarque y sobre la aeronave misma. Esta exigencia mutua de seguridad es vital para mantener la operatividad bajo el escrutinio permanente de la Autoridad Aeronáutica.[6]

III. Disposiciones Legales Sobre Control de Acceso y Puntos de Inspección

La columna vertebral de la prevención de la interferencia ilícita reside en la aplicación estricta de las normas relativas a objetos prohibidos y a los procedimientos de inspección en los puntos de control.

III.A. La Regulación de Prohibiciones (Sección 107.18)

La Sección 107.18 de la RAV 107 establece el régimen de porte, transporte de armas, explosivos, materiales peligrosos y el tratamiento de objetos prohibidos.[7] La regla general es la prohibición absoluta: ninguna persona puede portar un arma, explosivos, objetos prohibidos o tenerlos cerca de su persona o en sus pertenencias.[7]

El punto legal crítico es el momento en que se activa esta prohibición y la obligación de inspección. La normativa indica que la prohibición es aplicable al momento de iniciarse la inspección de la persona o de sus pertenencias antes de ingresar a una zona de seguridad restringida.[7] Esta redacción es de suma importancia, ya que el marco venezolano no solo sanciona el ingreso exitoso a la ZRS con el objeto prohibido, sino el simple intento de llevarlo al control de seguridad. Esto permite la aplicación inmediata de sanciones y el decomiso, fortaleciendo el carácter preventivo de las medidas de control. La legislación prioriza la prevención, enfocando el incumplimiento en el acto de presentarse a la inspección con el objeto.

III.B. Requisitos Operacionales para la Inspección

Los explotadores de aeródromos y aeropuertos deben establecer y aplicar procedimientos rigurosos para la inspección en los puntos de control.[3] La RAV 107 exige el establecimiento de procedimientos detallados para la inspección de personas y su equipaje de mano, incluyendo protocolos claros para manejar situaciones de rechazo. Específicamente, se deben indicar los detalles de los procedimientos a seguir si alguna persona se niega a ser sometida a las medidas de seguridad o si se le niega el embarque por cualquier otro motivo.[3]

Un principio rector en las inspecciones es la aplicación de medidas adicionales basadas en el principio de imprevisibilidad.[6] Este concepto asegura que las medidas de seguridad no sean estáticas ni rutinarias, dificultando que los potenciales agresores puedan anticipar o evadir los controles.

En cuanto al Equipaje Facturado, el Artículo 69 de la RAV 107 impone la obligación a todo explotador de aeródromo o aeropuerto de establecer y aplicar procedimientos para someter a inspección el equipaje facturado de origen destinado a ser embarcado a bordo de una aeronave de operaciones de transporte aéreo comercial que salga de una ZRS.[6]

III.C. Control de Acceso de Vehículos y Casos Especiales

El control de acceso no se limita únicamente a los pasajeros y el personal. El manual de seguridad de cada explotador debe incorporar procedimientos detallados para el control de acceso de vehículos a la parte aeronáutica.[3]

Adicionalmente, la RAV 107 reconoce la necesidad de protocolos diferenciados para individuos que por su estatus representan situaciones operacionales especiales. Los procedimientos deben incluir el tratamiento de personas como diplomáticos o Jefes de Estado, así como el protocolo de inspección y control de acceso aplicable a altas personalidades, miembros de la Fuerza Armada Nacional, Organismos de Seguridad de Estados y tripulaciones.[3] La existencia de un procedimiento de escolta para personas con permisos provisionales también se contempla como una medida de seguridad mitigadora.[3]

IV. Gestión de Credenciales, Vetting y el Acceso a Zonas Restringidas

El acceso al personal sin escolta a las Zonas de Seguridad Restringida es el riesgo interno más crítico. Por ello, la RAV 107 establece un proceso de *vetting* exhaustivo para la emisión de credenciales (pases de instalación).

IV.A. Procedimiento de Otorgamiento de Pases de Instalación y Credenciales

El otorgamiento de un certificado de acceso requiere la culminación exitosa de un procedimiento de solicitud preestablecido por el aeródromo o aeropuerto.[2] La clave para la mitigación del riesgo interno reside en la verificación de antecedentes.

El Proceso de Vetting (Verificación de Antecedentes)

Para conceder acceso sin escolta a la parte aeronáutica o a la ZRS, la normativa exige la verificación de antecedentes laborales y de buena conducta ciudadana de los empleados del aeródromo o aeropuerto.[3] El resultado de estas verificaciones debe reflejarse en el formato de solicitud. El objetivo principal de este proceso es confirmar la ausencia de antecedentes criminales y asegurar la confiabilidad del individuo.[2, 3] El requisito de verificar la "buena conducta ciudadana" trasciende la simple revisión de registros penales, obligando al explotador a evaluar la aptitud general y la confiabilidad moral del solicitante, lo cual establece un estándar de escrutinio muy elevado para todos los que tienen acceso sin restricción a áreas críticas.

Otorgamiento Provisional

El otorgamiento de un certificado provisional es una excepción que solo se permite bajo condiciones estrictas: debe ser de interés del Estado y no debe perjudicar la seguridad operacional.[2] En tales casos, es obligatorio establecer claramente las limitaciones operacionales existentes y el plazo concedido para que el solicitante levante dichas limitaciones y obtenga el pase definitivo.[2]

El riguroso procedimiento legal para la obtención de credenciales se resume a continuación:

Table 1: Procedimiento Legal para la Obtención de Credenciales de Acceso a ZRS (RAV 107)

Etapa del Proceso	Acción Requerida (Responsable)	Fundamento Legal (RAV 107)	Propósito de Seguridad
1. Solicitud Formal	Presentación de planilla y documentos de identificación.	Sección 107.16(a)	Establecer trazabilidad y justificar la necesidad de acceso.
2. Vetting y Verificación	Chequeo de antecedentes laborales y de buena conducta ciudadana (sin antecedentes criminales).	Sección 107.16(a), 107.17 (BB) [2, 3]	Mitigación rigurosa del riesgo interno y evaluación de confiabilidad.
3. Evaluación de Aptitud	Verificación de conocimientos prácticos (si aplica) y conformidad con requisitos (PSS/PISA).	Secciones 107.16, RAV 60 [3]	Asegurar la competencia técnica y el entendimiento de las funciones.
4. Emisión Provisional (Excepcional)	Solo por interés del Estado; establecimiento de limitaciones operacionales y plazo.	Sección 107.16(b) [2]	Mantenimiento de la operatividad crítica bajo control estricto de riesgos.
5. Otorgamiento Definitivo	Expedición del certificado de acceso.	Sección 107.16(a)	Autorización plena para el acceso a zonas críticas sin escolta.

IV.B. Suspensión y Revocatoria de Autorizaciones

El control de las credenciales se mantiene después de su emisión. El reglamento interno del explotador debe considerar la importancia relativa de las infracciones relacionadas con el uso de los pases y permisos.[3] El incumplimiento grave o sistemático de los requisitos de la RAV 107 puede resultar en la suspensión o revocatoria del Certificado de Operaciones de Seguridad (COS) otorgado al titular, una sanción que puede paralizar sus operaciones.[2, 3] Esta amenaza regulatoria funciona como un poderoso mecanismo de cumplimiento, asegurando que la gestión de la seguridad sea una prioridad constante.

VII. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas para Compliance

El marco regulatorio venezolano, anclado en la Ley de Aeronáutica Civil y desarrollada en la RAV 107, establece exigencias de seguridad de la aviación civil que son rigurosas, interconectando el cumplimiento operativo con la defensa nacional y el derecho penal. El control de acceso a las Zonas Restringidas de Seguridad es el punto de cumplimiento más crítico.

VII.A. Resumen de Requisitos de Cumplimiento Críticos (Compliance Checklist)

Para garantizar la conformidad con la RAV 107 y mitigar el riesgo de sanciones, los explotadores deben enfocarse en los siguientes requisitos:

1. Delineación y Defensa de ZRS: La infraestructura física que delimita las ZRS debe ser mantenida y auditada constantemente para garantizar que las barreras procedimentales y físicas son inquebrantables, conforme a la clasificación de riesgo prioritario.[4]
2. Auditoría Rigurosa del Vetting: Es indispensable implementar auditorías internas robustas para el procedimiento de verificación de "antecedentes laborales y de buena conducta ciudadana" antes de otorgar cualquier credencial de acceso sin escolta. Este proceso debe estar documentado para justificar la mitigación del riesgo interno.[2, 3]
3. Control de Objetos Prohibidos: Los procedimientos deben enfatizar que la prohibición de portar armas, explosivos u objetos peligrosos comienza al iniciarse la inspección de la persona o de sus pertenencias, actuando con prontitud ante el intento de ingreso.[7]
4. Gestión de la Custodia Documental: Reforzar los protocolos de manejo de información sensitiva de seguridad, manteniendo los documentos (como el PSS) bajo estricta custodia (archivos bajo cerradura) y garantizando el acceso selectivo únicamente bajo el principio de necesidad de saber.[2]

VII.B. Recomendaciones Estratégicas sobre la Adopción Tecnológica (Biometría)

La implementación de tecnologías avanzadas como la biometría, aunque no está detallada en la RAV 107, requiere una estrategia de cumplimiento proactiva debido a la sensibilidad de los datos.

5. Desarrollo de un Marco de Datos Sensibles: Si se contempla la biometría (ej. para control de acceso del personal), el explotador debe desarrollar un marco regulatorio interno que trate estos datos según los estándares de informática forense y privacidad, extrapolando las exigencias de seguridad de datos establecidas en precedentes administrativos como el SAREN.[12]
6. Garantía de Trazabilidad y Seguridad: Cualquier sistema tecnológico de control de acceso implementado debe ser diseñado no solo para verificar la identidad, sino para garantizar la trazabilidad de todos los accesos, la disponibilidad permanente y la confidencialidad, cumpliendo con la necesidad de demostrar protocolos de seguridad robustos.[12]

VII.C. Mitigación del Riesgo Legal y Operacional

El cumplimiento efectivo de la RAV 107 depende tanto de los sistemas técnicos como de los factores humanos. La capacitación del personal de seguridad debe incluir una clara conciencia de la severidad del riesgo legal.

7. Formación Legal Especializada: Es crucial invertir en la formación legal del personal de seguridad, enfatizando la gravedad de las sanciones penales asociadas a la violación de ZRS (prisión de seis a ocho años) y el manejo incorrecto de objetos prohibidos.[10]
8. Gestión de Factores Humanos: La regulación subraya la importancia de los Principios relativos a Factores Humanos.[4] Para que el cumplimiento sea efectivo, los procedimientos de control de acceso deben estar diseñados con la debida consideración de la actuación humana, asegurando que sean claros, sencillos y ergonómicos para minimizar el error operacional que podría generar brechas de seguridad o incumplimientos normativos.